La Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay, se permite informar que de forma articulada con la Dirección de Control Urbano, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) e Inspección de Policía viene fortaleciendo el control sobre inmuebles que presentan deterioro o que han adelantado intervenciones de tipo arquitectónico sin los permisos respectivos en el Centro Histórico. 

A través de su División de Patrimonio, el IPCC informó que en lo transcurrido de 2024, a corte del pasado 28 de mayo, ha impulsado 41 de un total de 138 procesos administrativos sancionatorios vigentes contra propietarios de inmuebles en el Centro Histórico. De esos 41 procesos, ocho corresponden a 2024, doce a 2023 y nueve a 2022.  

Además, registra 17 indagaciones preliminares vigentes en aras de establecer los méritos para iniciar un proceso administrativo sancionatorio. Este tipo de proceso es el mecanismo que la ley otorga a las dependencias que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control a inmuebles en el Centro Histórico, para que procedan a sancionar sus propietarios por la acción u omisión de los deberes y/o obligaciones legales a las están sometidos en el sector patrimonial.  

El IPCC informó a la ciudadanía que todo proceso administrativo sancionatorio consta de varias etapas e inicia con una indagación preliminar, y si hay méritos, la formulación de cargos, seguida de la etapa probatoria y de alegatos de conclusión, para determinar si se procede o no con una sanción, que puede ser atacada y elevada a una segunda instancia.  

La directora del IPCC, Lucy Espinosa, informó que: “Desde el primero de enero y hasta el 13 de mayo, nuestro equipo técnico de Patrimonio ha realizado 71 visitas programadas a inmuebles en el Centro Histórico de Cartagena. Estas visitas las programamos por control, designación, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, y tras los informes de cada una de ellas determinamos la necesidad de abrir un proceso administrativo sancionatorio. A los propietarios les insistimos sobre la importancia y necesidad de las obras de reparación, y esto no es solo en los balcones. Procuren cuidar y preservar nuestra arquitectura patrimonial o podrían ser sancionados con hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 

Desde la Dirección de Control Urbano, Emilio Molina aseguró que “venimos trabajando una ruta para la gestión de los inmuebles en deterioro, a través de la Unidad de Gestión de Riesgo, el alcalde de la Localidad 1, IPCC e Inspección de Policía. Con esta ruta hemos adelantado un inventario que actualmente consta de 79 inmuebles, que presentan una condición de riesgo de alguno de sus elementos o una condición que amenaza ruina. Y, aparte de este inventario que hemos unificado entre todas estas dependencias, hemos procedido a hacer recorridos para señalizar los inmuebles y de esta manera advertirle a la ciudadanía sobre el estado en que se encuentran para evitar que puede ocurrir un siniestro que afecte a alguna persona”. 

Además, Molina señaló: “Hemos conminado a cada uno de los propietarios, poseedores o locatarios de los inmuebles para que se aboquen a adelantar las obras que se requieren; hemos estado prestándoles asesoría y orientación sobre la mejor forma de intervención de sus inmuebles, y con el alcalde de la Localidad 1, Frank Ricaurte, se está estudiando cuáles son aquellos inmuebles que eventualmente pueden ser objeto de declaratoria de ruina”. 

Y agregó: “Estamos trabajando por todos los frentes, tratando de mejorar en la seguridad jurídica de los proyectos que se adelanten en el Centro Histórico, pero también de optimizar las herramientas de control que tenemos a nuestra disposición para evitar lo que ha sucedido durante muchos años, que es la propagación de obras ilegales”, aseguró el director de Control Urbano.